LA CRISIS ACTUAL Y LOS SALARIOS

Last Updated: diciembre 3, 2012By

José Ignacio Pérez Infante

Economista. Miembro de la Asociación Española de Economía del Trabajo y de Economistas Frente a la Crisis.

La disminución de la población ocupada desde el inicio de la crisis económica (en más de tres millones desde el tercer trimestre de 2007 y hasta el mismo trimestre de 2012) ha provocado un fortísimo incremento del número de personas desempleadas (superior a cuatro millones en los últimos cinco años), hasta situarse en el tercer trimestre de 2012 en casi cinco millones ochocientas mil personas (5.778.100), y un aumento de la tasa de paro (porcentaje respecto de la población activa) hasta el 25% (diecisiete puntos porcentuales más que cinco años antes). Pero, además, este deterioro del mercado de trabajo ha ido acompañado de una muy sustancial moderación de los salarios y de los costes laborales, independientemente de cuál sea la fuente estadística utilizada.

Si se utiliza el salario pactado en los convenios colectivos, el incremento en los convenios registrados hasta el 31 de octubre de 2012 sería el 1,2%. Pero, si se consideran exclusivamente los convenios nuevos firmados en el año el incremento de los salarios pactados sería sólo el 0,7%, muy similar al criterio salarial del 0,5% previsto en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC), suscrito por los interlocutores sociales el pasado 25 de enero. En todo caso, estos aumentos salariales serían muy inferiores a los de los años anteriores y supondrían una notable pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ya que el aumento interanual del IPC de octubre ascendía al 3,5%.

Ahora bien, si se considera el coste salarial por trabajador obtenido por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), elaborada por el INE, el resultado muestra asimismo una notable moderación. En efecto, el coste salarial por trabajador, equivalente al salario bruto percibido por trabajador, aumentó en el primer semestre del año el 0,6% (el 0% en el segundo trimestre), muy por debajo de la evolución de la inflación e inferior en cuatro décimas al crecimiento del citado coste en el conjunto de un año antes y en 3,4 puntos porcentuales al de 2007, año previo al inicio de la crisis en España.

La ETCL permite calcular también el coste laboral por trabajador, que añade al coste salarial por trabajador las aportaciones empresariales a la Seguridad Social y otros gastos no salariales, como las indemnizaciones por despido y finalización de contrato. Pues bien, ese coste laboral por trabajador se incrementó en el primer semestre de 2012 todavía menos que el coste salarial por trabajador, el 0,4% (el -0,3% fue la variación en el segundo trimestre del año), y fue inferior en ocho décimas al aumento del conjunto de 2011 y en 3,6 puntos al de 2007, lo que es sintomático de un importantísimo retroceso en el ritmo de crecimiento de esta magnitud.

Un concepto equivalente al coste laboral por trabajador es el de la remuneración por asalariado de la Contabilidad Nacional de España (CNE). En el conjunto de los tres primeros trimestres del año la remuneración por asalariado avanzó el 0,5% (0% en el tercer trimestre), variación muy similar a la del coste laboral por trabajador de la ETCL, e inferior al crecimiento en la CNE de 2011, el 0,7%, y muy inferior al de 2007, el 4,7%. Ahora bien, si se tiene en cuenta que los asalariados estimados por la CNE (en términos de empleo equivalente a tiempo completo) disminuyeron en el conjunto de los tres primeros trimestres el 4,9%, como consecuencia de la profundización y persistencia de la crisis económica, la remuneración total de los asalariados en el mismo período disminuyó el 4,5%, tasa de variación negativa que supone un sustancial retroceso respecto de las de 2011 (-0,8%) y 2007 (8,2%).

Este descenso de la remuneración de los asalariados, en contraste con el aumento de los otros dos componentes del PIB, el excedente bruto de explotación (que incluye también la renta bruta mixta y el consumo de capital fijo) y los impuestos netos de subvenciones sobre la producción y la importación, está propiciando una reducción del peso relativo de la remuneración de asalariados desde el 49,9% del PIB a precios de mercado según la cifra del tercer trimestre de 2009 hasta el 45,3% en el mismo trimestre de 2012, porcentaje que es prácticamente el mismo que el que corresponde al excedente bruto de explotación en ese trimestre de 2012, el 45,2%, cuando en el tercero de 2009 el porcentaje de esta magnitud era sólo el 44%. De esta pérdida en tres años de 4,6 puntos porcentuales en el peso relativo de la remuneración por asalariado en el PIB, algo menos de un punto porcentual (siete décimas) se debe a la disminución de la tasa de asalarización, es decir, a la pérdida del peso relativo de los asalariados en el total del empleo a tiempo completo, por lo que casi cuatro puntos de descenso corresponden al retroceso relativo de los salarios sin considerar el impacto de mayor descenso del empleo de los asalariados que el del empleo total.

Aun así, conviene hacer alguna matización en relación con esta distribución de la producción. La primera, que se refiere al PIB a precios de mercado y, por lo tanto, no a la renta nacional, lo que significa que se considera la renta obtenida por los no residentes en el interior del país, pero no la obtenida en el exterior del país por los residentes. La segunda matización que, dentro de la remuneración de los asalariados, se incluye la renta obtenida por los trabajadores autónomos que son propietarios de sus propias empresas, ya que la CNE los considera como asalariados y no como autónomos, lo que supone sobrevalorar la renta obtenida por los auténticos asalariados, ya que está incluyendo como renta salarial parte de la obtenida por el colectivo de autónomos.

Por otra parte, la variable verdaderamente significativa para el empresario no es el coste laboral por trabajador (o remuneración por asalariado) sino el coste laboral unitario (por unidad de producción), que es igual, en términos de CNE, a la remuneración por asalariado dividida por la productividad por ocupado. Pues bien, la productividad aparente por ocupado aumentó el 3,2% en la media de los tres primeros trimestres del año, un punto más que en 2011 y 2,7 puntos más que en 2007, lo que denota el carácter claramente anticíclico de la evolución de la productividad por ocupado (mayor crecimiento cuanto más negativa sea la evolución de la actividad económica), en contraste con lo que ocurre en otros países desarrollados. En consecuencia con la evolución de la remuneración por asalariado y la productividad por ocupado, el coste laboral unitario descendió en la media de los tres primeros trimestres de 2012 el 2,6% (lo que supone once trimestres consecutivos de disminución desde el primero de 2010). Este aumento de la productividad por ocupado a lo largo de 2012, que es 1,2 puntos inferior a la de 2011 y 6,8 puntos menor a la de 2007, es indicativo del aumento de la competitividad de las empresas españolas como consecuencia de la moderación de los costes laborales, sin tener en cuenta ni los precios ni otros costes no laborales muy relevantes, como los de las materias primas, la energía y los financieros.

Es más, si se considera la evolución del deflactor del PIB, representativa de la de los precios de esa magnitud, y pese a la moderación en el ritmo de crecimiento de los últimos años (creció sólo el 0,3% en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2012), el coste laboral unitario real (coste laboral unitario nominal dividido por el deflactor del PIB), que ya había descendido el 2,4% en 2010 y en 2011, se reduce el 3% en 2012, lo que supone un importante aumento del mark-up, margen de beneficios o de rentabilidad empresarial, en relación con los costes laborales unitarios nominales en estos tres últimos años.

Del análisis efectuado se deduce que, en particular en los tres últimos años de crisis económica, se producen una serie de hechos de la máxima relevancia en relación con los costes salariales y los costes laborales, que son significativos de que, junto al descenso del empleo y el aumento del paro, la situación de los trabajadores asalariados empeora acusadamente: pérdida muy importante del poder adquisitivo de los salarios, cualquiera que sea la variable considerada; reducción del peso relativo de los salarios en el PIB, a favor del excedente bruto empresarial y de los impuestos; disminución del coste laboral unitario nominal, lo que, debido al escaso aumento de la remuneración por asalariado, supone que casi todo el incremento de la productividad por ocupado beneficia a los empresarios; y, por último, descenso del coste laboral unitario real, que provoca un importante aumento del margen empresarial, como consecuencia de la moderación del coste laboral por trabajador, muy inferior a la suma de los aumentos de la productividad por ocupado y de los precios (deflactor del PIB).

Los cuatro hechos están relacionados entre sí, la reducción del coste laboral unitario monetario se explica principalmente por la moderación del coste salarial, muy inferior al incremento de la productividad por ocupado, y, a su vez, explica la disminución del coste laboral unitario real que estaría en la base de la pérdida del peso relativo de la renta salarial en el total de la renta nacional[1].

¿Cuáles pueden ser las causas de esta evolución negativa de los salarios y los costes laborales?. En primer lugar, la propia crisis económica que, al provocar un fuerte retroceso del empleo y un incremento del paro hasta ahora desconocido, debilita la capacidad sindical y de los trabajadores en la negociación salarial, al mismo tiempo que esa negociación se retrasa considerablemente, como se observa con el número de convenios vigentes hasta el 31 de octubre de 2012, el mínimo de toda la serie histórica elaborada con los convenios registrados hasta el 31 de octubre de cada año. Y, en segundo lugar, la política económica basada exclusivamente en los ajustes fiscales y en la estrategia de la “devaluación interna” unilateral, consistente en la devaluación únicamente de los salarios, pero no de los precios ni de los beneficios ni de los impuestos.

Además, la estrategia de “devaluación interna” unilateral se ha facilitado enormemente con la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en 2012. En efecto, la reforma laboral que ha acentuado el retroceso del empleo y el aumento del paro, en contra de algunos de los objetivos proclamados de la citada reforma, explica en una medida muy notable y definitiva el retroceso de los salarios y la pérdida de su poder adquisitivo y de su participación en la renta nacional, debido, entre otras medidas, al debilitamiento y fragmentación de la negociación colectiva, sobre todo de la sectorial, al suprimir el principio de la ultraactividad y proclamar la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa; a la mayor fragilidad y debilidad negociadora de los trabajadores por la mayor facilitad y abaratamiento del despido; y a las mayores posibilidades de las empresas para modificar las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores, tanto pactadas como no pactadas en convenios colectivos. Verdaderamente, la reforma laboral se ha convertido en un instrumento esencial para cambiar las relaciones de poder entre empresarios y sindicatos y trabajadores en beneficio de los primeros.

Pero la situación no parece fácil de superar, sino que, previsiblemente, y teniendo en cuenta la política impuesta de austeridad y de reformas dirigidas a la desregulación de determinados mercados, entre ellos el de trabajo, empeorará en el futuro más próximo, como se deduce, entre otras, de las previsiones del FMI y de la OCDE, pues la conjunción del aumento del paro y del decaimiento salarial agravará la crisis de la demanda interna, acentuándose, pese a la posible mejora de la competitividad de las empresas, el retroceso del PIB y del empleo. Al mismo tiempo que se recrudecerá la crisis fiscal y de la deuda pública, como consecuencia de lo que Keynes denominaba la “paradoja de la austeridad” y, podríamos añadir, la paradoja la “devaluación interna” unilateral de los salarios.


[1] El coste laboral unitario real coincide con el peso relativo de la remuneración de asalariados en el PIB nominal, multiplicado por el inverso de la tasa de asalarización.

 

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